Actividades / Resumen: Las elecciones generales de 201

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Roberto-Luciano BARBEITO
Profesor de la Universidad Rey Juan Carlos

Las elecciones a Cortes Generales celebradas el pasado 20 de noviembre de 2011 han sido profusamente comentadas en los medios de comunicación. De lo fundamental, a los efectos de la gobernabilidad, no caben dudas: el Partido Popular (PP) ganó con una holgada mayoría de votos y, más grande aún de escaños, lo que le permite constituir gobierno y gobernar con el respaldo de la mayoría absoluta del parlamento. Como contrapunto, los comentarios y análisis destacaron, con razón, la descomunal pérdida de apoyo electoral del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que perdió unos 4 millones de votos con respecto a 2008, en lo que ha sido su mayor derrota en unas elecciones generales desde que se reinstauró la democracia en España. Pero, aparte de este evidente análisis descriptivo, queda por hacer, no obstante, un análisis pormenorizado sobre el comportamiento de los votantes y sobre las razones que animaron su voto. Ese análisis será posible cuando esté disponible la información necesaria que proporcionarán, principalmente, las encuestas poselectorales, especialmente las del Centro de Investigaciones Sociológicas.

Mientras no se disponga de esas encuestas son factibles, sin embargo, otros análisis descriptivos, además de los que los periodistas y analistas políticos ya hicieron de inmediato sobre la distribución del voto entre las diferentes candidaturas que concurrieron a los comicios de noviembre. El empeño de esta conferencia residió, precisamente, en destacar algunos aspectos pocos comentados por los medios y que, sin embargo, se desprenden de la simple observación atenta (y comparada con respecto a elecciones generales anteriores) de los datos electorales oficiales proporcionados por el Ministerio del Interior y por el resumen de resultados elaborado por la Junta Electoral Central (publicado en el BOE 297, el 10 de diciembre de 2011). Estos aspectos menos comentados por los medios aluden, sobre todo, al comportamiento de la participación y al efecto del sistema electoral en lo que respecta a la traducción de votos a escaños.

Al situar el foco sobre la participación, surge una primera sorpresa: la participación apenas alcanzó el 69%, y no el 72%, que es el dato provisional que circuló a través de los medios y el que mayor difusión tuvo también en las páginas oficiales del Ministerio del Interior. Esto se explica porque la participación que reflejaron los medios no se refería al censo electoral total, pues dejaba fuera a los electores residentes pero ausentes (incluidos en el denominado censo CERA). Estos electores ausentes constituyeron en las pasadas elecciones un contingente de casi 1 millón y medio de ciudadanos, de los cuales votaron alrededor de un tercio, una cifra sensiblemente inferior a la exhibida por los electores residentes presentes, lo cual hizo disminuir en 3 puntos porcentuales la participación total final. Curiosamente, estos datos definitivos no suelen citarse ni en los medios de comunicación ni en los estudios electorales de carácter académico. Lo habitual es que manejen la participación relativa al censo de residentes presentes, esto es, un censo incompleto. Tampoco fue destacado otro hecho notable: en 2011 votaron 1.234.047 electores menos que en 2008, ¡pese a haber aumentado el censo total en algo más de 700.000 nuevos electores! Es decir, siendo bastantes más en 2011, votaron muchos menos (casi 2 millones menos) de electores que en 2008.

Si se manejan las cifras absolutas y se sitúa el análisis en el censo electoral total (que es como, en principio, debe hacerse), se obtiene una conclusión aún más llamativa y apenas comentada: la abstención fue la opción adoptaba por más de 11 millones de electores. Se trata de una cifra enorme, superior incluso a la de electores que votaron al PP. Si se relaciona con el total de electores, resulta que el partido más votado (el PP) alcanzó la mayoría absoluta parlamentaria sin el apoyo de dos tercios amplios del censo electoral (35.779.208 electores, de los que 10.800.000 votaron al PP). Este hecho contrasta con la proclama expresada por numerosos medios, cuya elocuente síntesis fue un destacado titular del diario EL País del 21 de noviembre, según el cual “España entrega al PP todo el poder”. El titular resulta muy poco expresivo de lo ocurrido respecto al comportamiento electoral en su conjunto. Sí resulta expresivo, no obstante, pero a modo de simplificadora sinécdoque, del mayoritario respaldo parlamentario que, como consecuencia de la traducción de los votos en escaños, va a disfrutar un gobierno del PP.

En términos de evolución de la participación, las elecciones de 2011 han supuesto una ruptura con el modelo que aseguraba que las elecciones generales más participadas en España se correspondían con las de cambio de gobierno, mientras que las menos participadas lo hacían con períodos de continuidad gubernamental. No ha sido así esta vez. Antes bien, estas elecciones han sido las segundas menos participadas de nuestra historia democrática. Sin embargo, han supuesto una fulminante alternancia gubernamental. Con el añadido de otra asombrosa constatación: las dos mayorías absolutas del PP (2000 y 2011) lo han sido con la menor participación (o mayor abstención) jamás registrada en unas elecciones de este orden. Para el PSOE, sin embargo, el acceso al gobierno sí se ha correspondido siempre (1982 y 2004) con una elevada participación, aunque mucho menos pronunciada en 2004 (de hecho, hasta las presentes elecciones, esa alternancia había ostentado hasta entonces el récord de baja participación con resultado de alternancia). En todo caso, es menester consignar que la participación electoral dibuja un claro descenso desde el año 2000, después del franco repunte que se había producido en 1993 y 1996 como consecuencia de la primera oleada de polarización política. Curiosamente, en esas dos elecciones no se produjeron mayorías absolutas, y la alternancia se produjo sólo una vez, y por mínimo margen de votos. Todo ello sugiere que la participación afecta de manera desigual a los dos principales partidos (por supuesto, también afecta a los pequeños partidos, sobre todo de carácter nacional: una baja participación favorece sus posibilidades). En conclusión, parece claro que, al menos en los últimos 20 años, una muy baja participación beneficia especialmente al PP. Sin perjuicio de que, como se acaba de señalar, y a la postre, la tendencia electoral sea la de una participación en suave, pero consistente, descenso respecto al correspondiente censo total de electores, claro.

El efecto desproporcional que ejerce la ley electoral sobre la traducción de votos en escaños fue un aspecto obviamente comentado en las informaciones y análisis de primer momento en noviembre pasado. Sobre todo fue así porque los pequeños partidos de alcance nacional se encargaron de denunciar esa circunstancia, como es habitual, pues les perjudica. Sin embargo, hay otra circunstancia que ha pasado muy desapercibida en las informaciones y los análisis. Sucede que el PP ha obtenido la mayoría absoluta parlamentaria con un 45% escaso de los votos válidos (unos 10.866.000 votos en términos absolutos). La sorpresa es mayúscula al comprobar que, en 2008, el PSOE se había quedado lejos de la mayoría absoluta en el Congreso habiendo alcanzado casi el mismo número de votos (algo más del 44%) ¡y mayor número de votos (unos 11.289.000)! Es otra prueba elocuente de que el efecto desproporcional que deriva de la ley electoral al aplicar la Ley D´Hondt a circunscripciones pequeñas (en las que se reparten pocos diputados) favorece al primer partido, sobre todo si es conservador. Basta manejar otro dato: el escaso 45% de los votos obtenidos por el PP en 2011 le proporciona el 53% de los escaños, mientras que, en 2008, un porcentaje apenas inferior (el 44% largo) le supuso al PSOE una representación parlamentaria del 48%.

La relativa desproporcionalidad y ligero sesgo conservador que ejerce el sistema electoral (producto de la voluntad de favorecer una transición pactada en la segunda mitad de los años 70) se proyecta también, y muy especialmente, en los pequeños partidos. Sobre todo perjudica a los terceros partidos de carácter nacional. En cambio, favorece mucho las opciones de los principales partidos nacionalistas, que suelen ser conservadores. Así es que siendo IU y UPD el tercer y cuarto partido más votado (unos 1.685.000 votos y 1.143.000, respectivamente), por delante de CIU (alrededor de 1.015.000 votos), es ésta la que obtiene, y con mucho, el mayor número de escaños (16, frente a los 11 de IU y los 5 de UPD). Por cierto que la comparación entre 2011 y 2008 ofrece una imagen impresionante de la distorsión de la ley electoral en lo que respecta a estos terceros partidos de ámbito nacional. El caso de IU es el más esclarecedor: incrementando su voto en un 74% ¡aumenta su representación parlamentaria en un 450%! Referido a 2011, otro ejemplo extremadamente revelador de la desproporcionalidad acontece al comparar el voto y la representación obtenidos por UPD, por un lado, y Amaiur y EAJ-PNV, por otro. Amaiur obtiene 7 escaños y EAJ-PNV 5 habiendo recibido cada uno de ellos tres veces menos votos que UPD (unos 334.000, 324.000 y 1.015.000 votos, respectivamente). Adviértase, además, que, con casi el mismo apoyo en las urnas, Amaiur obtiene 2 representantes más que EAJ-PNV, debido a la inmensa concentración de su voto en una sola circunscripción, y su relativa presencia en otras 2. Un último ejemplo de la desproporcionalidad lo constituye el coste de escaños en número de votos. El contraste entre los extremos no puede ser más esclarecedor: mientras que a UPD 1 escaño le ha costado una media de 228.000 votos aproximadamente, Geroa-Bai (el partido menos votado con representación en el parlamento) ha obtenido un diputado con solo 42.000 votos. Más limitadas son las diferencias entre los dos principales partidos: unos 58.000 votos que precisó de media el PP frente a unos 63.000 que requirió el PSOE. También por este lado se aprecia esa ligera desproporcionalidad y sesgo favorable al primer partido nacional, máxime si es conservador.

La conferencia concluyó con una llamada a la reflexión acerca de las razones de la abstención, discutiéndose si sería producto de las movilizaciones en torno al 15-M o un hecho más estructural de desafecto hacia el sistema democrático representativo, hacia los partidos y los políticos o, simplemente, resultado de la creencia de que votar apenas influye en el resultado, o de que apenas influye en las decisiones que toman los representantes políticos, una vez elegidos. En todo caso, se concluyó que es preciso un estudio detenido de la postura abstencionista, puesto que la adoptan 1 de cada 3 electores, esto es, 1 de cada 3 ciudadanos soberanos. Desistiendo de votar, estos ciudadanos desisten asimismo de ejercer el derecho de soberanía más fundamental que les es dado en la democracia representativa. Por lo demás, la conferencia sirvió para subrayar la importancia de tener conocimiento preciso del significado de los datos, y de la conveniencia de establecer comparaciones adecuadas, empleando para ello bases diversas, y usando tanto datos relativos como absolutos, según sea más conveniente para cada objeto de estudio.

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