El día 20 de noviembre se celebran elecciones nacionales en España. Pero tan importante como las elecciones, es la polémica que desde un tiempo a esta parte viene desarrollándose con la ley electoral española. Para seguir bien esta charla, basta con saber que las leyes electorales se dividen en mayoritarias y proporcionales. Las mayoritarias están orientadas a sobrerepresentar a los partidos vencedores con el fin de que puedan tener una mayoría clara en el Parlamento y puedan formarse gobiernos estables. Sería el caso, por ejemplo de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia o Turquía. Las proporcionales pretenden, antes que otra cosa, que todos los partidos con un mínimo de arraigo en la sociedad puedan estar en el Parlamento con un número de diputados más o menos proporcionado al número de votos obtenidos. La ley española pertenece a este segundo grupo. Es la única ley que hemos tenido durante todo este último periodo democrático y, aunque la norma es del año 1985, la forma de convertir los votos en escaños ya se empleó en las primeras elecciones después de la Dictadura de Franco, las de junio de 1977. Precisamente porque este modelo legal lleva vigente más de 30 años, mucha gente pide su reforma. En 2010 se revisó la ley, pero los partidos mayoritarios (PSOE y PP) y los nacionalistas (CIU y PNV) no cambiaron sus fundamentos.

Son los partidos nacionales minoritarios (Izquierda Unida, Unión Progreso y Democracia) y movimientos como el 15-M los que han cuestionado más la representatividad que produce la ley. En realidad, todas estas críticas no dejan de ser interesadas, parten de presupuestos distorsionados o directamente falsos y las soluciones, lejos de mejorar la ley electoral, pueden incluso empeorarla y crear problemas que hoy día los españoles no tienen. La ley se hizo con tres funciones principales: 1. como ley proporcional, asegurar la presencia en el parlamento de todos los partidos que demostrasen un porcentaje de apoyo palpable en la población; 2. asegurar, mediante una pequeña prima de escaños a los partidos más grandes, gobiernos estables apoyados en mayorías parlamentarias también estables; y 3. simplificar y fortalecer un mapa político español que en 1977, cuando retornó la democracia, contenía nada menos que 200 partidos, la mayoría de ellos insignificantes. Todo el mundo sabe lo perjudicial que es para la gobernabilidad de un país y para la estabilidad de las instituciones el hecho de que en un parlamento pueda haber un número de partidos demasiado grande, que impida gobiernos y mayorías estables. En estos tres aspectos, la ley actual ha sido muy eficaz y, en líneas generales, los españoles podemos estar muy orgullosos de la obra que hicieron en su momento los padres de la democracia actual.